En la cárcel el ex gerente del PP, casi cien imputados del PSOE y la sede social del tercer Partido por número de Diputados embargada, dice mucho (todo) sobre la lamentable situación por la que atraviesa España. No es extraño, pues, que la llamada clase política (“casta parasitaria”) sea considerada por la ciudadanía como el tercer problema que más preocupa. Y va camino de acabar siendo el primero…
Intentando buscar soluciones, he aquí las que me parecen más recurrentes.
En primer lugar, quien quiera dedicar parte de su tiempo a los demás, que lo haga. Pero nada de plena dedicación. Con más de tres millones de funcionarios, parece lógico que sólo el Gobierno y los alcaldes (de poblaciones importantes) tengan esa plena dedicación. El resto, con unas sencillas dietas por asistencias a los plenos, sería más que suficiente. Aquí tendríamos el primer filtro anti corrupción.
A continuación y en consonancia con ello, eliminación de subvenciones a partidos políticos, centrales sindicales y patronales. Y, por supuesto, prohibición de contratación de asesores y demás chupópteros…
El mayor índice de corrupción viene por el suelo y sus interesados y continuos cambios de planes urbanísticos y recalificaciones. Todos quieren las Concejalías de Urbanismo… La solución también parece sencilla. La tenemos aquí cerca, en Francia, y les va de maravilla.
Lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. Nada de urbano/rústico. Todo es igual. Ni rústico, ni urbano. Quien quiera construir, pues que construya. Lo único que tiene que hacer es tener, naturalmente, un plan de construcción visado por el correspondiente arquitecto y a partir de ahí, a construir si quiere. Eso sí: si no hay acometidas de agua, luz, etc., las tendrá que hacer a su costa.
Con este sistema, no sólo se vió reducido el costo de la vivienda en ¡más de un cincuenta por ciento!, sino que se evita el mayor medio de corrupción política…
El segundo motivo de corrupción es el de la obra pública. Todos “untan” para conseguir adjudicaciones. Y todos se dejan untar.
Pues bien, parece que la solución también es sencilla. Para evitar ofertas y pujas chanchucheadoras, créese una EMPRESA NACIONAL DE OBRA PÚBLICA (ENOP). En ella, por ley, entrarían a formar parte las empresas (grandes) del sector. No son más de cinco o seis las que están en condiciones de acometer obra pública. Y una vez constituída, sería la Administración la que fijaría el precio (fijo) de la obra a adjudicar. Por la cuenta que les tiene, estoy seguro que aceptarían las cifras. Pero en todo caso, y en el supuesto de que la rechazasen, siempre habría otras en el exterior a las que ofertar.
Se acabó, pues, como digo el “mamoneo” y el “sobreo”. Ideas para acabar con el despilfarro y la corrupción.
Ahí quedan.
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