Ante el estrambótico anuncio de la reforma del sistema de pensiones anunciado por la Ministra de Trabajo, cabe hacer las siguientes consideraciones:
De nuevo un gobierno olvida el mandato del articulo 50 de la Constitución que taxativamente establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”.
Es evidente que un 0,25% de revalorización no cumple con tal mandato. Y tampoco hace falta ser economista para ver que si no se revalorizan según el IPC, su poder adquisitivo se verá sensiblemente mermado.
El actual gobierno se jacta de que no congelará las pensiones, como llegó a hacer el de ZP. De acuerdo. Pero tampoco es, como digo, para tirar cohetes una subida de un pírrico 0,25%. ¿Es eso lo que suben anualmente la luz, el gas, el teléfono, la limentación ó el transporte?…
El denominado “factor de equidad intergeneracional”, que establece la cuantía de las pensiones en función de la esperanza de vida, conculca también de raíz el principio de IGUALDAD ante la ley. La esperanza de vida, por un lado, es mayor en las mujeres que en los hombres.
Y por otro, si se pone en práctica tal factor de sostenibilidad, aquellas personas que de hecho superen tal “esperanza”, verán reducido el monto total de su pensión. Dicho de otro modo, a más vida, menos pensión.
Aunque maldita la gracia que tiene el tema, se me ocurre pensar que aquellas personas que fumen, beban y sean del Atlético (con mayor riesgo de infarto, como yo, por ejemplo), van a cobrar menos pensión, pues su esperanza de vida será menor…
La fijación del 2019 como fecha de entrada en vigor del nuevo sistema es una clara apuesta electoral con intereses partidistas. Salvadas las elecciones del 2015 y del 2019, el que venga detrás, que arree…
Arree, además, con el fondo de garantía de las pensiones consumido y agotado, según todos los cálculos efectuados.
Y que explique al personal que su pensión va a ser menor que la que cobran los jubilados cinco o diez años antes…
O que cómo es posible subir las bases máximas de cotización, pero no la pensión máxima a percibir…
O que cómo es posible subir las cotizaciones de los autónomos, que son el auténtico motor del tejido empresarial, con más de tres millones de ellos…
En conclusión, de nuevo y una vez más, un gobierno yerra en la solución del problema.
La única manera razonable de solucionarlo es cambiando el modelo actual llamado “de reparto” (tanto se recauda, tanto se paga), por uno de “ahorro/capitalización” (tanto se aporta, tanto se cobra). SUECIA es el país modélico a seguir.
Y en el bien entendido que ello no supone una privatización del sistema. Las aportaciones del trabajador son invertidas (por ley) en Deuda Pública Estatal. Con lo que supone además, como beneficio añadido, rebajar la costosa dependencia financiera de los mercados.
Finalmente, ese nuevo sistema conlleva una sustancial rebaja de las cotizaciones sociales. En SUECIA el tipo de cotización es del 18,5%, frente al 34% de España. A mayor rebaja de costes, mayor competitividad.
Así de claro. Así de sencillo.
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