El Gobierno ha anunciado los cambios que va a afrontar en el actual sistema de Pensiones. Al parecer no se da por obligado por el artículo 50 de la Constitución, que establece taxativamente que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Pero no voy a centrar este análisis sobre la constitucionalidad o no de la norma anunciada, entre otras razones porque en cualquier momento se modifica la Constitución y en paz. Ya lo han llegado a hacer en otras ocasiones.
El problema es de mayor calado. El actual sistema, llamado “de reparto” (tanto se recauda, tanto se paga) está quebrado, fundamentalmente porque el relevo generacional no se cumple y por lo tanto en pocos años habrá más pensionistas (receptores) que trabajadores en activo (cotizantes).
Se equivoca, pues, y gravemente el Gobierno con las anunciadas medidas de parcheo que lo único que van a conseguir es prolongar la agonía del enfermo.
Tres son básicamente las medidas que se anuncian. Primera, alargar el período de cotización. Actualmente, quince años, hasta llegar a toda la vida laboral. Por ahí no hay más de donde estirar la cuerda.
A continuación se prolongará la edad de jubilación. Ahora fijada en los 65, ampliándose hasta los 67. Y así sucesivamente, hasta llegar a hacer coincidir la de jubilación con la de fallecimiento. Como suena a chiste (malo), no parece que por ese camino se vaya a dar solución definitiva al problema.
Y el tercer elemento de reforma consiste en no revalorizar las Pensiones (como establece la Constitución), sino “adecuarlas en su cuantía al momento económico de España”. Dicho de otra forma, no sólo se congelarían, sino que sufrirían un acusado descenso, sobre todo en el corto plazo. Así de sencillo, así de claro.
La solución no está en el parcheo, sino en una reforma del sistema. Pasar al de “ahorro/capitalización” (tanto aportas, tanto percibes). Que no hay que confundir con privatizarlas, como algunos señalan cuando se plantea esta opción.
Tenemos cada vez más Países que han adoptado tal sistema y les va de maravilla. SUECIA es el referente. Con un Gobierno social demócrata tomó la decisión en 1999 y a día de hoy la Pensión mínima ronda los 3.000 euros mensuales.
El cambio se realizó sin traumas. Con un período transitorio (diez años), en el que parte de las cotizaciones se destinaban al sistema “de reparto” y parte al de “ahorro/capitalización”. Naturalmente quedaron consolidados los derechos de los vigentes pensionistas y su correspondiente actualización anual. Su financiación corrió a cargo de impuestos generales.
Impuestos que, dicho sea de paso, sólo financian un Gobierno y un Parlamento. No dieciocho.
Mensualmente el trabajador va recibiendo el dato de “su” pensión, eligiendo libremente el momento de su jubilación. Si se quiere jubilar a los 65, a los 55 o a los 85…
Mientras nuestros próceres políticos del Pacto de Toledo sólo se sigan preocupando de “lo suyo” (Pensión máxima con siete años de cotización), no parece que el problema se solucione definitivamente y a favor del ciudadano contribuyente.
El gran fraude de las Pensiones, por desgracia, seguirá su camino…
